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| Imagen 01: Predicción y entorno: Los retos de la España 4.0. (Pulido, 2018) |
El aumento de la criminalidad es un fenómeno que se hace cada día más notorio, es por ello que la violencia y la criminalidad, en particular el crimen violento, son generalizados en América Latina y el Caribe, que “ostenta la nada envidiable distinción de ser la región más violenta del mundo, con 9.4 África, 4.4 América del Norte, 2.9 Europa y 2.7 en Asia” (Banco Mundial, 2018, párr. 1).
Se denota que la magnitud
del problema es abrumadora y obstinadamente persistente. En donde no está de
más destacar que algunas causas de la violencia son: urbanización
descontrolada, familias inmigrantes, embarazos no deseados, deserción escolar,
deficiencias en el sistema de justicia, desempleo…
Asimismo, se puede afirmar
que:
No puede haber seguridad
ciudadana sin el efectivo disfrute de aquellos derechos humanos inherentes al
concepto de seguridad humana. Es decir, la falta de empleo, la pobreza, la
inequidad o la carencia de libertades, por citar solo algunos ejemplos, no
constituyen violencia o inseguridad por sí mismos, aunque sí condiciones
propicias y amenazas directas a la seguridad y a la convivencia ciudadana en
cualquier sociedad. (Álvarez, 2014:3).
Lastimosamente, los efectos
de la violencia están generalizados en todas las sociedades de la región: las
personas se retraen, se ocultan detrás de sus puertas y evitan los espacios
públicos, lo que debilita los lazos interpersonales y sociales que unen a las
comunidades. Es por ello que el tema es de gran complejidad, y requiere ser
abordado desde diversas perspectivas. Son imprescindibles los análisis desde la
economía, el desarrollo social, la cultura, la educación, los valores y otras
dimensiones.
Es por ello, que América
Latina y el Caribe es una de las regiones con más altos índices de violencia y
delincuencia en el mundo, situación que afecta el ejercicio efectivo de los
derechos humanos y se convierte en un obstáculo serio para el desarrollo
socioeconómico.
Sin más alardes, se destaca
que son muchos y diversos los tipos de violencia que existen, empero, en este
apartado se hace énfasis hacia el problema regional del narcotráfico
(comercio o tráfico ilegal de drogas tópicas en grandes cantidades), en Costa
Rica, pues en los últimos años el Gobierno costarricense ha expresado la
preocupación tras detectar la presencia del Cartel de Sinaloa, un aumento del
consumo y de los niveles de violencia asociadas al narcotráfico.
Se puede deducir que los
narcotraficantes han encontrado un paraíso vasto en los manglares y junglas,
con poca población y escasa vigilancia policial, que pueden usar como paradero
para la cocaína que trasiega desde Sudamérica hasta Estados unidos.
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| Imagen 02: Continúa disminuyendo la criminalidad en Nueva York. (Ramirez, 2016). |
A todas luces el
narcotráfico aparece como uno de los delitos determinantes del lavado de
dinero, no sólo en Costa Rica, sino en el mundo, donde esos ingresos producto
del ilícito tráfico, pretenden ser colocados en el mercado nacional e
internacional como si fuese bien habido, saltándose el pago de impuestos,
evadiendo el comercio lícito y la economía pura que redunda en más recursos
para el país.
Es por ello que el debate
sobre las sustancias psicotrópicas es muy complejo y es imprescindible que se
generen espacios para un diálogo abierto, situación que hasta el momento no se
realiza debido a la poca información que se brinda por parte de los medios y del
Gobierno, que en muchas ocasiones no está basada en evidencia científica, lo
cual crea un vacío en el conocimiento y en la percepción del fenómeno.
Se denota que sin los
recursos necesarios y la adecuada coordinación en prevención selectiva,
dirigida a las comunidades más vulnerables, así como el fortalecimiento de un
sistema de tratamiento temprano, donde converjan los esfuerzos de la CCSS, el
IAFA, Justicia y las ONG, no se logrará que el país supere esta problemática.
Algunas medidas que Costa
Rica ha promovido ante esta enfermedad social son:
· Radares móviles por parte del Ministerio de
Seguridad Publica, que permiten detectar avionetas que se dedican al transporte
de droga en el país.
· Aumento de cuerpos policiales y donaciones
por parte de EE.UU “por más de $30 millones para la lucha contra el
narcotráfico y atención de migrantes” (Gobierno de Bicentenario, 2018, párr.
1).
· Trabajo preventivo focalizado en la juventud
de comunidades de atención prioritaria.
· Programa de GREAT que educa a los menores contra
las drogas y pandillas.
Las anteriores muestran
algunos ejes de prevención, sin embargo, desde el ámbito de la investigación
criminal para nadie es un secreto que estas medidas se quedan cortas ante la
problemática en estudio, lo que denota que el narcotráfico es un problema
socioeconómico con ingresos no honestos.
Por ende, mientras el
narcotráfico perfecciona sus vías, la policía presenta grandes limitaciones
para combatirlo y pueden aparecer propuestas de soluciones que amenazan la
soberanía del país; los narcotraficantes recurren a formas cada vez más
ingeniosas para hacer efectiva su actividad ilícita.
Debido a lo anterior, se
denota que el Estado-ciudadanía y autoridades competentes deben de tener una
visión deseable a largo plazo, es decir planificar y evaluar alternativas o
escenarios a futuro; lo que se conoce como prospectiva la cual posee
“herramientas metodológicas que facilitan y sistematizan la reflexión colectiva
sobre el futuro y la construcción de imágenes o escenarios de futuros” (Universidad
Deusto, s.f: 4).
Para enriquecer su conocimiento, puede acceder al siguiente video:
Por ende, a partir de esta
problemática que presenta Costa Rica, se desarrolla el siguiente escenario
deseable, en donde cabe reconocer que los exuberantes parques nacionales que
alberga este país atraen a turistas de todo el mundo por sus selvas tropicales,
blancas playas y manantiales de aguas termales, pero recientemente han recibido
visitantes no tan deseables: narcotraficantes.
Entonces, se destaca que lo
que se pretende o desea alcanzar en el futuro es reducir el narcotráfico en
Costa Rica a través de una mirada hacia la prevención desde la infancia hasta
la edad adulta.
Dicho de otro modo, se desea
incentivar a la sociedad para prevenir este problema delictivo, por lo que el
escenario deseable es reducir el número de casos y altas tasas delictivas
relacionadas a este delito.
Cabe reconocer que para
llevar a cabo estas acciones es necesaria la presencia de diversos actores, los
cuales se detallan a continuación:
- Actores internos: Aquellos que toman las decisiones más relevantes en el proceso. En este caso serían el director o promotor del escenario o proyecto (estudiante), el cual debe contar con el conocimiento, apoyo y fuentes relacionadas con el tema en estudio.
- Actores externos: Corresponde a aquellas instituciones en las que se encuentra inserto el escenario. En este caso Ministerio de Seguridad Publica, MIDEPLAN, Municipalidades y delegaciones policiales.
- Población objetiva: La población base de esta propuesta corresponde a las personas involucradas en las drogas (venta/consumo), entre los 15 y 46 años, de nivelo socioeconómico medio y bajo.
- Sociedad civil: Ciudadanos y colectividad en general, que se encuentra fuera de las estructuras gubernamentales.
Así
como las familias y la comunidad costarricense a la cual pertenece la
población en estudio, es decir, las
familias con altos índices de vulnerabilidad, con poco apoyo para mejorar las
condiciones y criminalidad a la que se enfrentan.
Prosiguiendo
con el tema, se destaca que antes de llevar cabo las acciones para cumplir con
el objetivo deseado, es necesario que se tengan presenten diversos indicadores
llámese: cobertura, eficiencia, eficacia, focalización, calidad, etc.
De
tal manera, las acciones que participarían en esta construcción serán:
- Favorecer la participación de la comunidad en
plano y desarrollo de programas de prevención local de la violencia para
fomentar la seguridad.
- Emprender redes de protección hacia jóvenes,
ya que corresponden a la población más vulnerable, tanto como víctimas como
victimarios.
- Reforzar la presencia policial y del Estado
en zonas más vulnerables del país, en donde el pueblo sienta el apoyo y la
seguridad.
- Desarrollo de reformas y ajustes en los
Poderes Judiciales, se debe reformar la Ley General de Policía, crear la
Jurisdicción de Delitos Menores e introducir reformas más profundas y efectivas
en el Código Penal Procesal.
- Fomentar el desarrollo de policía
comunitaria, en donde se reconozca que la prevención no es solo un tema de las
autoridades policiales.
- Desarrollo de estadísticas primarias y
secundarias, que permitan obtener datos congruentes y reales.
- Cuestionarios que puedan ser aplicados a
cierta población para conocer cuáles son sus inquietudes, temores y que esperan
en el futuro.
- Pruebas de conocimiento: Aplicación de
pruebas a oficiales de diversos ministerios y delegaciones, para poder
evidenciar su conocimiento en temas de prevención y lucha contra el
narcotráfico.
- Aumento de despliegues policiales, unión de municipalidades
y delegaciones.
Aunque suene simple,
construir polideportivos, alumbrar canchas para la práctica del deporte,
organizar las comunidades, a los muchachos y a los padres de familia en las
escuelas y colegios, realizar imaginarias campañas preventivas, hacer efectivo
el desarrollo social y luchar contra la marginación y pobreza; es tan importante
o más que muchos operativos antidrogas.
En conclusión: o hacemos lo
que se tiene que hacer ahora, o, vendrán tiempos muy difíciles y más complejos.
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